Las instituciones de fin de siglo : el órden democrático y el funcionamiento del mercado - Huntington, Samuel P.
Huntington, destaca que la consolidación de la democracia y el éxito del libre mercado no son logros automáticos ni irreversibles; ambos dependen intrínsecamente de la existencia de instituciones políticas sólidas y legítimas. Argumentó que la estabilidad política —la capacidad de un estado para gobernar eficazmente, hacer cumplir la ley y mediar conflictos sociales— es un requisito fundamental. Sin un estado capaz que garantice el orden y el respeto a la ley, tanto la participación democrática como las transacciones del mercado (como el cumplimiento de contratos y la protección de la propiedad) se desmoronan. En este sentido, la institucionalización y la fuerza del estado son más cruciales que la simple celebración de elecciones o la apertura económica. El politólogo también enfatizó la estrecha correlación entre el desarrollo económico y la perdurabilidad del orden democrático. Sugirió que un mercado funcional que genera una clase media robusta es un factor clave en la consolidación de la democracia, como se observó en la Tercera Ola de Democratización. Las sociedades con un nivel de desarrollo socioeconómico medio-alto tienen más probabilidades de mantener sus instituciones democráticas, ya que la clase media y una sociedad civil activa demandan y sostienen un sistema de rendición de cuentas y libertades. Por lo tanto, el funcionamiento del mercado es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que el orden democrático trascienda las transiciones iniciales. En resumen, la presentación de Huntington en este contexto concluye que el desafío clave para las sociedades a finales del siglo XX no era simplemente elegir la democracia o el mercado, sino construir el marco institucional capaz de sostener a ambos. Las instituciones políticas sirven como el puente que traduce el crecimiento económico en estabilidad democrática y regula las tensiones inherentes al capitalismo. La clave del éxito, por ende, reside en la capacidad institucional del estado para generar y mantener el orden, la ley y la legitimidad que son la base compartida tanto para la libertad política como para la prosperidad económica.